El regreso de Belaunde al poder fue tan apoteósico como su triunfo electoral. Pero la crisis política, económica y social que debía enfrentar era mucho más compleja y delicada que la del año 1963. Reacondicionar el Estado como organización democrática representativa y devolverle al país la confianza en la seguridad jurídica para vivir en la ley y la libertad después de 12 años de dictadura era, de por sí, un problema complejo. Y también, en esos 12 años, la deuda externa peruana había crecido en 12 veces y la inflación estaba llegando a los tres dígitos.
Consciente de la magnitud de dicha tarea, el presidente de la República convocó a todos los partidos políticos para lograr una conjunción de esfuerzos en beneficio de la más rápida reconstrucción democrática, económica y social del país. Solo el Partido Popular Cristiano resolvió apoyar la consolidación del régimen democrático y participar en el gabinete ministerial. Lo hizo en las carteras de Justicia y de Industria, Turismo e Integración. Los primeros ministros de Justicia fueron los doctores Felipe Osterling Parodi y Gonzalo de la Puente y Lavalle. Los demás partidos, en cambio, juzgaron que contribuirían mejor con ese propósito desde una posición crítica de oposición.
El 28 de julio, a las 4 de la tarde, Belaunde Terry ingresó al Palacio Legislativo en medio de la ovación de senadores, diputados, jefes de Estado, diplomáticos extranjeros y otras altas autoridades. El presidente del Congreso, Óscar Trelles, le impuso la banda presidencial. Cuatro horas después, en una plataforma instalada en el balcón más saliente del Palacio de Gobierno, próximo a la Municipalidad de Lima, el jefe del Estado le tomó juramento a su Consejo de Ministros.
Una fórmula hábil y oportuna le permitió a Fernando Belaunde cumplir su propósito de no pernoctar ni una noche en Palacio de Gobierno mientras los órganos de prensa incautados por la dictadura no fueran devueltos a sus legítimos dueños. El Consejo de Ministros, utilizando normas dictadas por el mismo gobierno militar –aún vigentes–, aprobó que los auténticos propietarios de los medios nombraran a los directores de estos para que, cuando se contara con los instrumentos legales requeridos, se procediera a la restitución de los derechos conculcados y al pago de las reparaciones a que hubiera lugar.
FBT se abocó a la titánica tarea de reordenar con celeridad la vida política, económica y social del país heredada del gobierno militar. Puntal fundamental para esa misión fue el nuevo Ministerio de Justicia –extinguido en 1968, cuando la Constitución fue suplantada por el Estatuto del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada–, que puso al día y armonizó, con la nueva Constitución de 1979, las principales normas legales del país. Más de 6200 decretos leyes, decretos supremos y resoluciones fueron ajustados al marco constitucional vigente o derogados cuando no concordaron con él o con su espíritu.
El 11 de noviembre se promulgó la Ley 23226, que devolvía los medios de comunicación confiscados durante el gobierno militar. Además, a todos los diarios y compañías de radio y televisión se les indemnizó. De esta manera, los propietarios de El Comercio, La Prensa, Correo, Expreso, Extra, OJO, Última Hora, Canal 4 y Canal 5 recuperaban la plenitud de sus derechos sobre las empresas periodísticas y sus acciones, de las que habían sido despojados el 27 de julio de 1974. Sin embargo, el diario Expreso, a pedido de su propietario, Manuel Ulloa Elías –quien se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas–, no recibió esta indemnización.
El 23 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones municipales con el triunfo de Acción Popular y su candidato, el arquitecto Eduardo Orrego Villacorta.
La ferocidad terrorista se puso en plena evidencia en la Noche Buena, con el asalto al fundo de San Agustín de Ayzarca, perteneciente al distrito de Cocharcas, en la provincia de Cangallo, y el asesinato del propietario y de un empleado. Meses después le quitaron la vida al hijo político del expropietario, quien había tomado la conducción de la finca. La policía hizo muchas detenciones. Entre los presos se encontraban los autores directos de esas masacres.
El 22 de enero, Belaunde denuncia el ataque a una de las aeronaves peruanas que estaba realizando una misión de abastecimiento a puestos de vigilancia fronterizos en el río Comaina, los cuales habían sido abandonados por el gobierno militar meses antes de la transferencia de mando ya que, según se dijo, costaba mucho dinero mantenerlos. Por ese motivo, al quedar en abandono, habían sido ocupados por tropas ecuatorianas. Belaunde se traslada a las oficinas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pide vuelos aerofotográficos y ordena la inspección de la corriente de agua hasta su nacimiento, situado en el lado oriental de la Cordillera del Cóndor, en la frontera con Ecuador, zona que él conocía perfectamente porque la había recorrido. En la inspección se halló tres destacamentos ecuatorianos con instalaciones en territorio peruano, según el Tratado de Río de Janeiro de 1942.
La posición ecuatoriana indicaba que esos destacamentos correspondían a la base de Paquisha, establecida en territorio ecuatoriano. No obstante, tras la medición de las coordenadas, se comprobó que dicha base no correspondía a la mencionada posición aceptada por el Protocolo de Río, sino –tal como lo calificó el presidente Belaunde– a un «Falso Paquisha».
El canciller Arias Stella llamó a su par ecuatoriano y le dio un plazo para que desalojaran esos puestos fronterizos. Al no hacerlo, Belaunde ordenó el bombardeo de la zona y su recuperación inmediata. Posteriormente, el presidente de la República izó el pabellón nacional en los territorios recuperados. Cuando aterrizó, aún no había cesado el fuego.
Entre el 30 de enero y el 21 de febrero, las tropas peruanas recuperaron los puestos fronterizos, y la Organización de Estados Americanos, a través del Acta Sorrosa-Du Bois, fijó las coordenadas de ubicación de las tropas fronterizas, ratificando la condición de la Cordillera del Cóndor como límite natural entre ambos países.
El 11 de marzo se promulga el Decreto Legislativo N° 046, que tipifica los delitos de terrorismo y sus circunstancias agravantes, así como las figuras delictivas con las que el terrorismo actúa, graduando las penas en proporción a la muerte o lesiones a las personas y a la importancia de los bienes afectados o puestos en peligro.
El 15 de junio se promulga el Decreto Legislativo N° 149, que crea la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE), encargada de promover, planificar, ejecutar y adjudicar programas de habilitación urbana, construcción de viviendas y servicios públicos en el ámbito nacional. De acuerdo con el Plan Nacional de Vivienda, se construyeron conjuntos habitacionales principalmente en Lima, entre los que destacan las Torres de San Borja; Precursores, en Surco; Marbella, en Magdalena; Limatambo, en San Borja; Conjunto Habitacional Ciudad Satélite Santa Rosa, en el Callao, y el Agrupamiento Pachacámac.
El 15 de diciembre se promulga la Ley de Corporaciones Departamentales N° 23339, encargadas de programar y ejecutar la inversión pública departamental, apoyar técnicamente a las distintas organizaciones de la población en la elaboración de programas y estimular su participación en las tareas vinculadas al desarrollo. Asimismo, asumía la prestación de servicios de infraestructura básica que no estuvieran a cargo del Gobierno Central ni de los municipios.
El 3 de marzo, Sendero Luminoso asaltó la cárcel de Ayacucho y fugaron 70 presos por terrorismo. Fue un ataque precedido por un apagón general y el ataque con explosivos a los locales de la Guardia Civil, de la Policía de Investigaciones y de la Guardia Republicana, con el objetivo de evitar que las fuerzas del orden acudieran a defender la prisión.
En el periodo 1980-1985, los brotes terroristas se presentaron sobre todo en Ayacucho y Huancavelica. La policía, que debía enfrentar dicha amenaza, no estaba preparada para una responsabilidad de tal magnitud. Fue entonces cuando el Gobierno le encomendó a las Fuerzas Armadas el restablecimiento y mantenimiento del orden en las regiones afectadas. Belaunde Terry visitó la zona de emergencia en diversas oportunidades. Cuando se habló de la ocupación de Vilcashuamán por los senderistas, se constituyó personalmente en esa localidad pocas horas después de haber tenido conocimiento del hecho. Al bajar del helicóptero, la población se sorprendió al reconocerlo. En esa ocasión dijo: «Mi deber es reiterar las viejas afirmaciones demostrando que, en el llano o en el gobierno, no hay lugar proscrito ni amenaza que detenga el camino al gobierno legítimo».
En abril, Fernando Belaunde asume un papel protagónico en el conflicto de las Malvinas, entre Argentina y Reino Unido, y articula una diplomacia presidencial que incluyó una interlocución con Washington para esos tiempos de guerra. Sus esfuerzos durante las conversaciones con el secretario de Estado de EE. UU., Alexander Haig, buscaban una salida que fuera lo más realista y menos costosa posible para Argentina, con la separación de ambas fuerzas militares en las Malvinas y un régimen de administración temporal. Sin embargo, las negociaciones fracasaron cuando, el 2 de mayo, el Gobierno británico de Margaret Thatcher ordenó que el submarino nuclear HMS Conqueror hundiera el crucero argentino General Belgrano y matara a 323 de sus 1093 tripulantes, aun cuando el Belgrano se encontraba fuera del área de exclusión.
Desde el inicio del conflicto hubo solicitudes y requerimientos específicos desde Buenos Aires para atender las demandas logísticas de Argentina. El apoyo del presidente Fernando Belaunde fue total y sin titubeos: el envío de 10 aviones Mirage 5 y sus sistemas de armas, como misiles Nord AS-30 aire-superficie y Exocet, uno de los cuales hundió el buque británico Sheffield. Además, los aviones de transporte peruanos DC-8 realizaron vuelos Lima-Tel Aviv-Lima-Buenos Aires para trasladar el material necesario ante la urgencia que ameritaba la situación, mientras que otros equipos fueron llevados de forma directa desde el Perú por aviones Hércules a la base aérea de Tandil, cercana a Buenos Aires.
En suma, el presidente Belaunde contribuyó con la solución diplomática del conflicto proponiendo una fórmula que estuvo a punto de ser aceptada y que fuera boicoteada por Margaret Thatcher al ordenar el hundimiento del Belgrano. Su propuesta consistía en que Argentina y Gran Bretaña abandonaran las islas, que quedarían, por un tiempo determinado, en poder de cuatro potencias (dos designadas por cada una de las partes) hasta concluir las negociaciones. Esas cuatro naciones eran Brasil y Perú (designadas por Argentina) y Alemania y Canadá (designadas por Gran Bretaña). Esta fórmula pudo haber sido la gran negociación de paz del Perú y terminar con la última presencia colonial en nuestra América. Fracasada la misma, Argentina le pidió al Perú ayuda militar y el Perú se la brindó. Se envió aviones, pilotos, repuestos, misiles y pertrechos desde La Joya, al sur del país, que viajaron a través de Bolivia –para evitar los radares chilenos de Iquique y Antofagasta– hasta llegar a la base aérea de Tandil. Hoy, en la avenida Figueroa Alcorta, en el centro de Buenos Aires, existe un busto de Belaunde que perenniza esta acción.
El 18 de mayo se promulga la Ley General de Educación 23384, que desactiva las propuestas reformistas del gobierno militar y restaura el esquema de educación primaria y secundaria. Se hicieron esfuerzos para la ampliación de la cobertura e infraestructura educativa, incluyendo 23 000 nuevas aulas construidas por el sistema de Cooperación Popular.
Entre octubre de 1982 y mayo de 1983, el fenómeno El Niño (llamado el “Meganiño”), que se extendió inicialmente por la costa norperuana –especialmente en los departamentos de Tumbes y Piura–, avanzó con gran fuerza en 1983 sobre otros lugares del territorio nacional. En la sierra sur hubo sequías; en la sierra central, varios poblados fueron arrasados por los huaicos. El Producto Bruto Interno (PBI) cayó hasta -13,2%, y las pérdidas materiales ascendieron a miles de millones de dólares.
El 26 de enero, en medio del clima de violencia que imperaba en Ayacucho, ocho periodistas, su guía y un comunero son asesinados en el poblado de Uchuraccay. En marzo, el presidente Belaunde nombra una comisión que, al margen de las investigaciones judiciales, pueda dar con la verdad lo más rápido posible. Le encomienda el trabajo al renombrado escritor Mario Vargas Llosa. También colaboró con la comisión el antropólogo Juan Ossio.
La comisión investigadora presidida por Vargas Llosa y conformada, además, por Abraham Guzmán Figueroa y Mario Castro Arenas, presentó su informe acerca del suceso. Lo importante de la Comisión Vargas Llosa fue que actuó rápidamente y logró descubrir que, por error, los campesinos de Uchuraccay habían confundido a los periodistas con terroristas y les habían dado muerte. Sin embargo, no todos creyeron en el informe de Vargas Llosa. Incluso el escritor fue llamado a declarar en un juicio en Ayacucho. Los familiares de los periodistas, hasta hace muy poco, pedían justicia. A partir de la Comisión de la Verdad –que formó el presidente Paniagua durante su gobierno– se confirmó el informe de Vargas Llosa. Y a partir de entonces a la fecha, este ha recobrado su credibilidad.
En el quinquenio del segundo gobierno belaundista, la ferocidad del narcotráfico y la subversión causó 205 bajas entre las fuerzas del orden y la muerte de 2693 civiles, entre estos 80 miembros y simpatizantes de Acción Popular que desempeñaban funciones de gobierno, ediles o judiciales.
El 18 de julio, Belaunde inicia su histórico viaje a Caracas para participar en la sesión extraordinaria del Acuerdo de Cartagena, celebrada dentro de los actos conmemorativos por el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, con la presencia de los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Su idea de llegar a Caracas por el río Casiquiare, uniendo las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, fue un gesto para demostrar la factibilidad de unir América del Sur por el entrecruzamiento de las cuencas fluviales.
El 20 de mayo se funda Ciudad Constitución, ubicada a orillas del río Palcazu, en la provincia de Oxapampa (Pasco), atravesada por la Carretera Marginal de la Selva, en la actualidad carretera Fernando Belaunde Terry.
El 28 de mayo quiso el destino que, por segunda vez en 17 años, a FBT le correspondiera la restauración del régimen municipal y el honor de convocar los comicios para que los pueblos designaran nuevamente a sus autoridades edilicias. El gobierno de Belaunde promulgó la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853.
El 21 de junio se promulga la Ley Plan Nacional de Regionalización N° 23878, que establecía las bases generales para la creación e implementación de gobiernos regionales que permitieran promover el desarrollo equilibrado al interior del país y la descentralización económica, política y administrativa.
El 27 de setiembre, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, recibe en la Casa Blanca al presidente Belaunde y le brinda su apoyo a la democracia peruana. La entrevista giró en torno al tema económico y, sobre todo, a la deuda externa del Perú. El mandatario norteamericano reconoció los esfuerzos de Belaunde para orientar a su país hacia una economía de mercado, y señaló que EE. UU. estudiaría un aumento del programa de ayuda de alimentos y productos agrícolas destinados al Perú.
Ese mismo año, Belaunde plantea en la ONU la instauración de programas de ayuda a los países en desarrollo. «No habrá paz mundial mientras subsistan las actuales diferencias», expresó en aquella oportunidad. El agobiante impacto de la amortización y servicio de la deuda externa había contraído no solo el desarrollo de programas de inversión, sino también la extensión de los servicios relacionados con la política social, como la educación y la salud. La actitud dialogante para intentar convencer a las autoridades del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, para que flexibilizaran sus políticas, fue debatida y no tomada en cuenta por esos organismos.
En este mismo viaje, Belaunde visita la Universidad de Texas, su antiguo claustro universitario, donde recibe una distinción.
El 12 de diciembre se promulga la Ley del Profesorado N° 24029, que consagró como carrera pública el ejercicio de la docencia y estableció las normas básicas para la dignificación y seguridad del maestro. Al asumir la Presidencia, el arquitecto Belaunde había manifestado su esperanza de que su gobierno fuera recordado como el “Quinquenio de la Educación”, y lo logró. El nivel educativo promedio de la población de 5 y más años de edad se elevó de 5,0 grados de estudios en 1981 a cerca de 6 grados en 1985. Se edificaron alrededor de 6500 nuevos centros educativos y cerca de 23 000 aulas. Un millón de alumnos más fueron incorporados a la población escolar, elevándola a 6.5 millones de estudiantes.
El 10 de febrero se produce la visita del papa Juan Pablo II a nuestro país. Belaunde lo saludó de manera emotiva: “Sois bienvenido y honrado en el Perú, que espera, fervientemente, vuestra bendición». Durante sus cinco días de estadía, beatificó a sor Ana de los Ángeles Monteagudo, coronó a la Virgen de Chapi, ordenó a 47 nuevos sacerdotes y tuvo multitudinarias acogidas en el Hipódromo de Monterrico, en el Callao y en Villa El Salvador.
En julio, tras un proceso electoral impecable del que surgieron los poderes públicos y su sucesor en la jefatura del Estado para el quinquenio siguiente, Belaunde Terry, acatando el veredicto ciudadano, culminó su gestión concurriendo al Congreso para entregar la insignia del mando que el pueblo había puesto sobre su pecho a Alan García Pérez, expresando: «Os entrego intacta la libertad».
